El Gobierno de EE.UU. busca una participación accionarial en OpenAI: qué implica la idea de que los ciudadanos sean "socios" de la IA

La relación entre el poder político y las grandes empresas de tecnología está viviendo un punto de inflexión sin precedentes. En los últimos días, se ha hecho público que la administración del presidente Donald Trump mantiene negociaciones activas con empresas del sector de inteligencia artificial, entre las cuales OpenAI destaca como candidata principal, para探讨 la posibilidad de que el gobierno federal adquiera una participación accionarial en estas compañías. La propuesta, que el propio Trump ha resumido en términos de "concepts donde piezas podrían ser entregadas al público estadounidense, de modo que el público americano se convierta esencialmente en socio de las empresas", plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la innovación tecnológica, la soberanía económica y los límites del capitalismo de estado en una democracia.

Un acuerdo sin precedentes entre el Estado y la industria de la IA

Según se ha filtrado en las últimas horas, la administración Trump ha iniciado conversaciones directas con OpenAI sobre la adquisición de una participación accionarial por parte del gobierno federal. El presidente confirmó estos contactos cuando fue interrogado por periodistas a bordo del Air Force One, asegurando que ha mantenido diálogos con ejecutivos del sector de la inteligencia artificial sobre mecanismos para que los beneficios del crecimiento impulsado por la IA lleguen directamente a los ciudadanos estadounidenses. Aunque Trump no mencionó nombres específicos de compañías, los reportes periodísticos apuntan de forma consistente a OpenAI como el principal interlocutor en estas negociaciones.

La magnitud de lo que se propone es considerable. La adquisición de una participación accionarial por parte del gobierno en una empresa privada como OpenAI no tiene precedentes directos en el sector tecnológico estadounidense. OpenAI, que ha transitado recientemente de una estructura nonprofit a una con fines de lucro, se encuentra en una posición extraordinaria en el panorama global de la IA, y cualquier movimiento que implique una intervención estatal en su capital social tiene implicaciones que van mucho más allá de los números financieros. Se trata de una señal política de primer orden sobre cómo el gobierno federal concibe su papel en la era de la inteligencia artificial, un territorio donde Estados Unidos compite directamente con China y otras potencias tecnológicas.

El Fondo de Riqueza Pública: una idea de OpenAI con apoyo gubernamental

Un elemento central de estas negociaciones es la propuesta de un "Fondo de Riqueza Pública" que OpenAI ha presentado recientemente. Según los detalles que se han hecho públicos, los ingresos generados por este fondo podrían distribuirse directamente a los ciudadanos, permitiendo que una mayor cantidad de personas participen del crecimiento económico impulsado por la inteligencia artificial, independientemente de su posición de partida o su acceso al capital. La idea es ambiciosa: crear un mecanismo mediante el cual los rendimientos extraordinarios que la IA genera para unas pocas empresas se traduzcan en beneficios tangibles para la población general.

Esta propuesta encaja en una tendencia más amplia que ya ha tenido manifestaciones concretas en la política económica de la administración Trump. El gobierno federal tomó recientemente una participación del 10% en Intel, el fabricante de semiconductores que atravesaba dificultades financieras. Esa operación sentó un precedente directo para lo que ahora se plantea con las empresas de IA. La lógica subyacente es que tecnologías estratégicas que afectan directamente a la seguridad nacional y competitividad económica del país justifican una intervención estatal más activa que la mera regulación. Sin embargo, aplicar esta lógica a una empresa como OpenAI, cuya valoración se sitúa entre las más altas del mundo privado, plantea un escenario completamente diferente en términos de escala, ambición y riesgo político.

Sam Altman y la defensa de la participación estatal desde 2025

Lo que resulta particularmente significativo es que la idea de una participación gubernamental en grandes empresas de IA no es exclusiva de la administración Trump. Según se ha reportado, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha estado discutiendo esta posibilidad desde principios de 2025. Esta información sugiere que, lejos de ser una imposición del gobierno, la propuesta responde a una estrategia deliberada por parte de la propia dirección de OpenAI para legitimar su posición y garantizar un marco de apoyo político que proteja sus intereses a largo plazo.

Para Altman, aceptar una participación estatal podría ser una jugada estratégica inteligente. En un momento en que la regulación de la inteligencia artificial es un tema candente en Washington y en las capitales europeas, contar al gobierno federal como socio accionarial ofrece una capa de protección política difícil de obtener por otros medios. Un gobierno que posee acciones en una empresa tiene incentivos directos para que esa empresa prospere, lo que podría traducirse en un trato regulatorio más favorable, contratos gubernamentales prioritarios y una posición defensible frente a eventuales intentos de fragmentación antimonopolio. La pregunta inevitable es si esta cercanía beneficiará a los ciudadanos o si consolidará el poder de una sola empresa bajo el paraguas del Estado.

La propuesta de Bernie Sanders: impuestos en especie para las grandes tecnológicas

Mientras la administración negocia participaciones directas, desde el Congreso surge una propuesta complementaria pero fundamentalmente distinta. El senador Bernie Sanders ha presentado esta semana un plan que implicaría un impuesto único del 50% sobre empresas como OpenAI, Anthropic y xAI (que forma parte de SpaceX), a pagar mediante acciones. Dado que todas estas compañías podrían salir a bolsa este año, Sanders argumenta que este gravamen otorgaría al público un papel directo en la determinación del futuro de esta tecnología y garantizaría que los billones de dólares potencialmente generados por la IA se utilicen para mejorar la vida de todos.

La propuesta de Sanders tiene la virtud de ser más transparente en sus mecanismos: en lugar de una negociación discreta entre el gobierno y una empresa, establece una obligación fiscal aplicable a todas las empresas del sector que superen determinados umbrales. Sin embargo, también plantea serias preocupaciones prácticas. Un impuesto del 50% pagado en acciones podría desincentivar la inversión en IA en Estados Unidos, empujar a las empresas a reestructurarse en jurisdicciones más favorables, o reducir los incentivos para las fases tempranas de desarrollo donde el riesgo es más elevado. Además, la gestión de participación pública masiva en empresas cotizadas presenta desafíos logísticos y de gobernanza que el sistema político actual no está diseñado para afrontar.

David Sacks y las advertencias contra la fusión corporativo-gubernamental

La propuesta no ha estado exenta de críticas desde dentro del propio entorno del expresidente. David Sacks, inversor tecnológico que recientemente dejó su cargo como "zar" de IA y criptomonedas de la administración Trump, ha expresado públicamente que comprende por qué una idea como la de Sanders resonaría entre la ciudadanía, incluyendo a sectores de la derecha política. No obstante, ha advertido que este tipo de mecanismos en realidad "acelerarían la fusión corporativo-gubernamental hacia la que ya nos estamos deslizando".

La observación de Sacks apunta a un riesgo sistémico que trasciende la ideología política. Cuando el Estado posee acciones en empresas privadas y estas, a su vez, dependen de contratos y políticas gubernamentales para prosperar, se genera un circuito de retroalimentación que erosiona la competencia de mercado y la separación de poderes. Otros comentaristas han ido más lejos: Dare Obasanjo, ex empleado de Microsoft, ha sugerido que "se están sentando las bases para un rescate gubernamental de OpenAI". Esta interpretación, aunque más pesimista, no es descabellada. Si OpenAI enfrenta dificultades financieras en el futuro —algo no imposible dada la intensidad de la inversión que requiere el desarrollo de modelos de IA de frontera—, un gobierno que ya posee una participación accionarial tendría una presión política enorme para intervenir con fondos públicos adicionales.

Implicaciones para el futuro de la IA y el papel del Estado

Más allá de los detalles específicos de cada propuesta, lo que estas discusiones revelan es una transformación profunda en la forma en que las democracias occidentales conciben la relación entre el Estado y las tecnologías emergentes. Durante décadas, el modelo dominante en Estados Unidos ha sido el de una regulación ligera que permita a las empresas innovar libremente, con intervención estatal limitada a la protección de la competencia y de los consumidores. Lo que ahora se plantea —ya sea mediante participaciones accionarias directas, fondos de riqueza pública o impuestos pagados en especie— constituye una desviación radical de ese modelo.

Para los lectores que trabajan en el sector tecnológico, estas negociaciones son señales que deben monitorizarse de cerca. La creación de un precedente de participación estatal en empresas de IA podría reconfigurar completamente los flujos de capital, las estrategias de salida a bolsa y los incentivos de inversión en el ecosistema. Para los ciudadanos en general, la pregunta es si estos mecanismos realmente lograrán que los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyan de forma más equitativa, o si terminarán sirviendo como instrumentos de consolidación de poder tanto corporativo como estatal. Lo que está en juego no es solo quién posee acciones en OpenAI, sino qué modelo económico y político definirá la era de la inteligencia artificial.